Una vez conocida la existencia de un delito, se pone en funcionamiento el sistema de justicia penal, principal recurso de un Estado para la persecución y control de la actividad delictual, mediante el trabajo complementario y coordinado de la policía y la justicia.
La eficiencia del sistema de justicia penal de un país debería medirse en términos de sus resultados en cuanto a la reducción de sus niveles de violencia y criminalidad. No existe, sin embargo, consenso en torno a los caminos mediante los cuales estos resultados pueden ser alcanzados. Diversos estudios científicos realizados en diferentes países arrojan conclusiones contradictorias acerca de la relación, por ejemplo, entre la evolución de las tasas de encarcelamiento y las tasas de delito. El análisis de la evolución de estos indicadores en nuestro país en los últimos 15 años tampoco permite extraer conclusiones definitivas sobre la mencionada relación.
Sí hay coincidencia en destacar el efecto disuasorio que tiene la idea de sufrir una condena por la comisión de un delito. Al respecto, se debe destacar que generalmente tiene un mayor impacto la percepción de la probabilidad de ser condenado que la duración de la condena en sí misma. De allí que se considera más importante el diseño e implementación de políticas orientadas a lograr una mayor inclusión social y la reducción de impunidad, antes que la mera legislación en pos de penas más severas. Si la percepción de la probabilidad de ser condenado por un delito es baja o, en otras palabras, se percibe que existe un gran nivel de impunidad, el esperado efecto disuasorio del sistema de justicia penal termina siendo anulado.
Recursos
La capacidad institucional del Estado es uno de los factores críticos que condicionan el accionar en pos de la generación y mantenimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el marco de los derechos humanos para la ciudadanía.
Este apartado presenta indicadores estandarizados a nivel internacional para la evaluación de distintos aspectos del sistema de justicia penal: los recursos del sistema, los niveles de punitividad, y el sistema penitenciario, tanto a nivel nacional como para la Provincia de Córdoba. Las principales fuentes de información consultadas son el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), el Registro Nacional de Reincidencias (RNR) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).
Se presentan a continuación los principales indicadores en relación a los recursos del sistema de justicia penal. En primer lugar, los del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y luego los de las policías, en tanto auxiliares del sistema de Justicia.
Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal
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Robos
Se denunciaron 405.361 hechos de robos en el país durante el año 2017, una tasa de 920 hechos cada 100.000 habitantes.
El análisis de las tendencias de los robos en el largo plazo debe realizarse incluyendo tanto tentativas como hechos consumados, ya que el SNIC no discriminaba estos grados en los registros anteriores al año 2008. La evolución de la tasa de robos y tentativas de robos muestra patrones similares en los niveles nacional y provincial, con las siguientes características. Se observa, en primer lugar, que, al menos en los registros de los últimos 15 años, la tasa provincial ha sido superior a la nacional. Las tasas descendieron de manera constante desde el año 2002 al año 2006, comenzando una curva ascendente en ese año (sin poder precisar su duración debido a la falta de información). Las tasas volvieron a mostrar una curva descendente entre los años 2014 y 2017. Se observa, en segundo lugar, que mientras a nivel nacional la tendencia lineal en los últimos 15 años es neutra, en la Provincia de Córdoba tiene una pendiente levemente ascendente.
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Los homicidios, por su impacto en las sociedades, que excede largamente al de las pérdidas de vidas humanas, son los delitos que históricamente han sido mejor registrados y más analizados. Desde tiempos remotos se registra la cantidad de muertes intencionales ocurridas a manos de otras personas incluyendo las características de cada evento. Ello permite contar con un indicador sumamente robusto y uno de los más confiables en términos de comparabilidad y precisión. Si bien no deja de ser una simplificación riesgosa, la cantidad de homicidios de determinado país o región de hecho se ha convertido en la medida más utilizada para evaluar los niveles de inseguridad y violencia.
Una rápida lectura de los datos sobre homicidios a nivel global, permite contextualizar la preocupante situación de América Latina en términos de violencias e inseguridad:
Los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina. Representan el 26.6% en las categorías de bienes sustraídos mediante robo o hurto personal o a la vivienda. Le siguen el dinero, tarjetas de crédito o cheques (16.2%) y bolso, cartera, mochila o portafolio (15.4%).
El alto valor de los teléfonos celulares (en relación a su tamaño), y el hecho de que sea un bien que lleva consigo la mayoría de las personas, los convierte en un objetivo de gran atracción para los delincuentes. En muchas ocasiones, el celular es el objeto de mayor valor que lleva consigo una persona en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando circula por espacios públicos. Los celulares tienen además un mercado ilegal muy activo, que no logra ser desarticulado a pesar de varias acciones que se han intentado en ese sentido.
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La prevalencia delictiva es la proporción de hogares o personas que han experimentado uno o más delitos en el período de referencia de una encuesta de victimización, en este caso, durante el año 2016. Refiere a las cantidades de víctimas, en términos de hogares o personas, a diferencia de la incidencia delictiva, que cuenta la cantidad de delitos. La prevalencia delictiva contabiliza una única vez a cada víctima, aunque la misma haya sido victimizada en más de una oportunidad durante el período de referencia. Otros indicadores tienen en cuenta la cantidad de veces que una persona ha sido víctima de distintos delitos (multivictimización) o que ha sido victimizada en más de una oportunidad por el mismo delito (revictimización).
La segunda parte de la ENV 2017 indaga sobre las experiencias de victimización y se establecen, siguiendo los estándares internacionales, dos grupos de delitos específicos: delitos contra los hogares y delitos contra las personas.
Las preocupaciones sobre la seguridad impactan de muy diversas maneras en la vida de los ciudadanos. En la medida en que las personas se perciben vulnerables, ya sea a sí mismas o a su entorno familiar, tienden a tomar medidas orientadas a la prevención y protección frente al delito. Estas acciones, suelen diferenciarse entre aquellas relacionadas con la instalación o implementación de medidas de seguridad, y aquellas que implican cambios en los comportamientos rutinarios.
La relevancia de analizar los indicadores que reflejan los niveles de confianza en las instituciones radica en su influencia en la conformación de las percepciones de inseguridad de la población.
El público se siente más seguro en la medida en que considera que puede confiar en la policía y las autoridades relacionadas con la prevención y el control del delito, que éstas realizan de manera eficiente su tarea, y que están predispuestas a responderle en caso de necesidad. Del mismo modo, las opiniones sobre el desempeño de las instituciones del sistema judicial penal afectan las percepciones sobre inseguridad, según la medida en que la población confíe en estos actores y su eficiencia, ésta última en evaluada en términos de ausencia de impunidad.