Al 31 de diciembre de 2025 había 129.377 personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios federales y provinciales de Argentina, 8.677 más que un año antes. La tasa es de 279 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio mundial. Este artículo analiza la base de microdatos 2002-2025 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y describe cuatro cambios del último año: el aumento corresponde íntegramente a personas condenadas, el tiempo entre la detención y la condena se redujo a la mitad en una década, la cantidad de mujeres privadas de la libertad registró el mayor aumento de la serie, y la proporción de internos federales con trabajo remunerado cayó de 61% a 38%.

La Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia publicó el 17 de noviembre de 2026 la base de datos del SNEEP correspondiente al censo de 2025. El SNEEP releva, al 31 de diciembre de cada año, a todas las personas alojadas en establecimientos penitenciarios del país. La base unificada 2002-2025 contiene 1.798.552 registros individuales y noventa variables. El informe nacional que habitualmente acompaña la publicación no estaba disponible al momento de redactar este artículo; todas las cifras que siguen provienen del procesamiento de los microdatos, con los criterios que se detallan en la ficha técnica.

Dos características de la fuente condicionan la lectura. La primera es que el SNEEP contabiliza a las personas alojadas en establecimientos penitenciarios; las alojadas en comisarías, alcaidías policiales y dependencias de fuerzas federales se relevan por separado, con menor detalle, y el relevamiento de 2025 tampoco está publicado. En 2024 eran 12.885 personas. La segunda es que el censo registra la situación de un día: indica cuántas personas están privadas de la libertad en esa fecha, no cuántas ingresan y egresan a lo largo del año. De las 129.377 personas censadas en 2025, 34.988 habían sido detenidas durante ese mismo año.

Población privada de la libertad y tasa nacional

Las 129.377 personas privadas de la libertad al cierre de 2025 constituyen la cifra más alta de la serie estadística, que comienza en 1972 con interrupciones y es continua desde 1996. El aumento respecto de 2024 (8.677 personas, 7,2%) es uno de los cuatro mayores de la serie en términos absolutos, junto con los de 2017, 2018 y 2024, y es el quinto aumento anual consecutivo desde la disminución de 2020. Sobre una población proyectada de 46.387.098 habitantes, la tasa es de 279 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes. Si se sumaran las personas detenidas en comisarías según el último relevamiento disponible, la tasa superaría las 300.

Evolución de la población penitenciaria y de la tasa cada 100.000 habitantes en Argentina, 1996-2025

La referencia internacional es el informe Prison Matters 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que estima 11,7 millones de personas privadas de la libertad en el mundo al cierre de 2023 y una tasa global de 145 cada 100.000 habitantes. La tasa argentina es 1,9 veces esa cifra. En América del Sur, con los valores más recientes compilados por el World Prison Brief y reproducidos en el informe SNEEP 2024 (con fechas de referencia entre 2022 y 2025), la tasa argentina de 2025 es inferior a las de Uruguay (449), Brasil (416), Chile (316) y Perú (292), y superior a las de Bolivia (252), Paraguay (250), Colombia (200), Venezuela (199) y Ecuador (186). La comparación es aproximada, porque los países no miden en la misma fecha ni aplican los mismos criterios respecto de las personas detenidas en dependencias policiales.

Principales variaciones entre 2024 y 2025

El cuadro siguiente reúne los indicadores con mayores variaciones entre los censos de 2024 y 2025. Cada uno se desarrolla en las secciones posteriores.

Indicadores seleccionados, censos 2024 y 2025

Indicador 2024 2025 Variación
Personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios 120.700 129.377 +8.677 (+7,2%)
Tasa cada 100.000 habitantes 261 279 +7,0%
Personas condenadas 72.894 81.575 +8.681 (+11,9%)
Personas procesadas (sin condena) 46.828 46.389 −439 (−0,9%)
Proporción de detenidos sin condena 38,8% 35,9% −2,9 puntos
Personas procesadas con más de dos años de detención 29,5% 26,9% −2,6 puntos
Personas condenadas cuya sentencia se dictó en el año del censo 16.987 19.648 +2.661 (+15,7%)
Mediana de días entre detención y condena (condenas del año) 208 239 +31 días
Mujeres detenidas 5.213 6.200 +987 (+18,9%)
Mujeres detenidas durante el año del censo 1.890 2.462 +572 (+30,3%)
Personas privadas de la libertad en el sistema federal 11.728 12.132 +404 (+3,4%)
Internos federales con trabajo remunerado 60,7% 37,8% −22,9 puntos
Personas con al menos un delito contra la integridad sexual 25.901 27.609 +1.708 (+6,6%)
Personas con al menos un delito de estupefacientes 14.989 16.845 +1.856 (+12,4%)
Personas con al menos un delito contra la seguridad pública (armas) 5.449 7.135 +1.686 (+30,9%)
Personas con prisión perpetua 3.398 3.509 +111 (+3,3%)
Participa de programas educativos 45,7% 43,3% −2,4 puntos
Intentos de suicidio registrados 148 262 +114
Salidas transitorias revocadas durante el año 95 517 +422

Tasas calculadas con proyecciones del Censo 2022. Porcentajes de vida intramuros sobre casos con dato. La mediana de días entre detención y condena se calcula sobre las personas condenadas durante el año del censo, con fechas válidas. Fuente: elaboración propia sobre SNEEP e INDEC.

El cambio de mayor alcance es el que se produjo en la situación legal: las personas condenadas aumentaron en 8.681 y las procesadas disminuyeron en 439, de modo que la proporción de personas sin condena se redujo a 35,9%. En 2022 también había disminuido la cantidad de procesados, pero ese año el total creció solo 3,7%. El segundo cambio es el de las mujeres privadas de la libertad, que aumentaron 18,9%, casi el triple que los varones (6,7%); los ingresos de mujeres durante el año aumentaron 30%. El tercero es la reducción del trabajo remunerado en el sistema federal, de 60,7% a 37,8% de los internos, en un indicador que desde 2012 no había bajado de 56%. Con menor magnitud, aumentaron las personas con causas por tenencia o portación de armas (31%), las salidas transitorias revocadas (de 95 a 517) y los intentos de suicidio registrados (de 148 a 262); en este último caso el aumento puede reflejar tanto un cambio real como una mejora del registro.

Las variaciones nacionales resultan de movimientos provinciales de distinto signo. La provincia de Buenos Aires, que aloja al 45% de las personas privadas de la libertad del país, redujo sus procesados en 1.236 personas (de 46,4% a 42,2% de su población detenida) y aumentó sus condenados en 3.266; sin esa provincia, la cantidad de procesados del resto del país habría aumentado. Córdoba sumó 1.680 condenados y 258 mujeres, y registró 409 de las 517 salidas transitorias revocadas en el país. Santa Fe sumó 1.182 procesados, el mayor aumento de prisión preventiva del año, y Mendoza 394.

Evolución 1996-2025

En 1996 había 25.163 personas privadas de la libertad en Argentina y la tasa era de 71 cada 100.000 habitantes. Desde entonces la población penitenciaria se multiplicó por 5,1 y la tasa por 3,9. La serie puede describirse en cuatro etapas: una duplicación entre 1996 y 2005, una meseta entre 2006 y 2009, un crecimiento moderado hasta 2015 y una aceleración desde 2016, que llevó la cifra de 76.261 a 100.634 en 2019. La pandemia produjo la mayor disminución de la serie (5,7% en 2020). Desde 2021 el crecimiento se reanudó sin interrupciones: 6,7% en 2021, 3,7% en 2022, 6,6% en 2023, 7,8% en 2024 y 7,2% en 2025. En cinco años se incorporaron 34.433 personas, 36% más que en 2020.

El cambio de escala se concentra en la década 2015-2025. La población penitenciaria pasó de 72.693 a 129.377 personas (78% más) y la tasa de 169 a 279 (65% más), mientras la población del país creció 7,5%. En el mismo período, como se mostró en el primer artículo de esta serie, la tasa de homicidios dolosos descendió hasta el mínimo de su serie. El país registra la mayor cantidad de personas privadas de la libertad de su historia y la menor cantidad de muertes violentas de su serie estadística. La relación entre ambos hechos se examina en la sección final.

Si el aumento de los dos últimos años se mantuviera, con cerca de 8.700 personas adicionales por año, la población penitenciaria superaría las 150.000 personas en 2028. Este cálculo es solo una referencia de magnitud: únicamente 2017 y 2018 registraron aumentos absolutos mayores que los de 2024 y 2025, y los datos no permiten anticipar si el ritmo se mantendrá. Tampoco muestran señales de desaceleración.

Situación legal: personas condenadas y procesadas

Las personas condenadas pasaron de 72.894 en 2024 a 81.575 en 2025, un aumento de 8.681 (11,9%). Las personas procesadas, es decir, privadas de la libertad sin condena firme, pasaron de 46.828 a 46.389, una disminución de 439. El aumento de condenados (8.681) es levemente superior al aumento de la población total (8.677) porque la cantidad de procesados se redujo. Los procesados también habían disminuido en 2022, pero en un año de crecimiento total de 3,7%; en ningún año anterior la población penitenciaria había crecido 7% o más sin un aumento simultáneo de los procesados.

Evolución de la cantidad de personas condenadas y procesadas privadas de la libertad en Argentina, 2002-2025

La proporción de personas privadas de la libertad sin condena es de 35,9%, la más baja de la serie. En 2002 era de 59%; descendió por debajo de 50% en 2016, fue de 43% en 2019 y de 38,8% en 2024. Entre 2015 y 2025 los condenados se multiplicaron por 2,3 (de 34.992 a 81.575) y los procesados aumentaron 30% (de 35.779 a 46.389). Hace veinte años la mayoría de las personas privadas de la libertad esperaba juicio; en 2025, casi dos de cada tres tienen condena.

Según UNODC, el 30% de las personas privadas de la libertad en el mundo no tiene condena (3,7 millones de personas), con 29% en las Américas y 19% en Europa. Argentina sigue por encima de esos valores, pero la diferencia con el promedio mundial se redujo de nueve a seis puntos en un año. Los tiempos de detención sin condena también se redujeron: entre los procesados censados en 2025 con fecha de detención conocida, el 48,8% llevaba más de un año detenido, el 26,9% más de dos años y el 15,7% más de tres, frente a 52%, 29,5% y 18,4% en 2024. La mediana pasó de 386 a 350 días. Los plazos siguen siendo prolongados: la mitad de las personas privadas de la libertad sin condena lleva cerca de un año en esa situación.

La disminución de la prisión preventiva se observa en todos los grupos principales de delito, con distinta intensidad. Entre las personas privadas de la libertad por infracciones a la ley de estupefacientes, la proporción sin condena pasó de 63% en 2019 a 51% en 2024 y 49% en 2025; entre las detenidas por delitos sexuales, de 38% a 31%; por robo, de 38% a 34%; por homicidio doloso, de 35% a 30%. Las causas por drogas siguen siendo las que presentan mayor proporción de personas sin condena.

La diferencia entre varones y mujeres aumentó. En 2025 el 48,3% de las mujeres privadas de la libertad no tenía condena, frente al 35,2% de los varones. La diferencia es de trece puntos; en 2024 era de diez y en 2019 de once. La disminución de la prisión preventiva se verifica entre los varones y no entre las mujeres.

Tiempo entre la detención y la condena

El SNEEP registra la fecha de detención y la fecha de la condena de cada persona. Esto permite medir el tiempo que transcurrió hasta la sentencia para quienes fueron condenados en cada año y permanecían privados de la libertad al 31 de diciembre. Entre las personas condenadas en 2025, la mediana de ese intervalo fue de 239 días: la mitad recibió su condena en menos de ocho meses desde la detención y el 42% en menos de seis. En 2013 la mediana era de 405 días y el 24% había sido condenado dentro de los seis meses; en 2019, de 326 días y 34%. La reducción se concentra en 2023 y 2024 (277 y 208 días). En 2025 la mediana aumentó levemente, pero sigue siendo la segunda más baja de la serie. En cantidad, 19.648 de los condenados presentes en el censo de 2025 habían recibido su sentencia durante ese año, frente a 16.987 en 2024 y 10.512 en 2019.

Las diferencias entre jurisdicciones son amplias y persistentes. En Mendoza, Salta y Entre Ríos la mediana entre detención y condena es de tres meses o menos, y dos de cada tres condenas del año se dictan dentro del semestre (en Río Negro, menos de cinco meses). En Buenos Aires la mediana es de diez meses, en Córdoba de nueve y medio, y en Misiones y Santiago del Estero supera los veinte meses. Estas diferencias responden a los procedimientos de cada provincia (flagrancia, juicio abreviado, sistemas acusatorios de distinta antigüedad) y a la carga de trabajo de sus tribunales. Se corresponden con la incidencia de la prisión preventiva prolongada: los procesados con más de dos años de detención representan el 32% en Buenos Aires y el 36% en Misiones, y menos del 8% en Mendoza, Salta y Entre Ríos.

Distribución por jurisdicción

La tasa nacional de 279 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes resulta de situaciones provinciales muy diferentes. Para compararlas, cada persona se asigna a su última provincia de residencia y no a la provincia donde está alojada. De este modo se evita atribuir a la Ciudad de Buenos Aires a las personas de todo el país alojadas en las unidades federales del área metropolitana, y se evita que las provincias con unidades federales (Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa) registren una población privada de la libertad mayor que la originada en su territorio. La base 2025 contiene errores de codificación de la residencia en algunos establecimientos, que se corrigieron con las reglas que se describen en la ficha técnica. El más importante afecta a una unidad de la provincia de Buenos Aires cuyos 1.025 internos figuraban como residentes de Catamarca.

Mapa de la tasa de personas privadas de la libertad por jurisdicción de residencia, Argentina 2025

Cinco jurisdicciones superan la tasa nacional: Córdoba (401 cada 100.000 habitantes), Mendoza (383), Buenos Aires (349), Santa Fe (330) y Salta (299). Córdoba es la primera jurisdicción del país que supera las 400 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, un nivel comparable al de Brasil. Las tasas más bajas corresponden a Neuquén (93), Santiago del Estero (101), La Rioja (120), Catamarca (126) y Chaco (131). La relación entre la tasa más alta y la más baja es de 4,3 a 1. Las tasas bajas de varias provincias del norte deben leerse junto con la cantidad de personas que mantienen en comisarías: en Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Formosa, entre un cuarto y la mitad de las personas privadas de la libertad estaban en dependencias policiales según el último relevamiento disponible, de 2024, y no están incluidas en estas tasas.

Personas privadas de la libertad por jurisdicción, 2025

Jurisdicción PPL 2025 Tasa 2025 Var. tasa 2025/24 Var. tasa 2015-2025 En comisarías (2024)
Córdoba 15.870 401 +13,4% +122% 51
Mendoza 7.836 383 +10,3% +81% 158
Buenos Aires 60.901 349 +4,5% +59% 2.183
Santa Fe 12.163 330 +16,0% +249% 1.318
Salta 4.438 299 −5,8% +37% 785
Jujuy 1.724 215 +11,6% +64% 147
Entre Ríos 2.963 203 +7,2% +84% 63
San Juan 1.719 202 +2,6% +15% 135
Río Negro 1.510 191 +4,4% +48% 39
La Pampa 702 186 +4,8% +45% incl. en SNEEP
Tierra del Fuego 332 182 −0,1% +45% 0
Misiones 2.262 168 −0,5% +30% 819
Ciudad de Buenos Aires* 4.650 151 −9,4% +54% 2.020
Tucumán 2.652 150 +38,4% +89% 1.469
Corrientes 1.774 147 +8,2% +66% 182
Chubut 875 145 +12,9% +69% incl. en SNEEP
Santa Cruz 465 139 +0,2% +10% 206
Formosa 837 134 +7,8% +48% 320
San Luis 706 132 +29,6% +48% 14
Chaco 1.578 131 +11,0% −1% 1.135
Catamarca 555 126 +5,8% +1% 38
La Rioja 486 120 +0,8% +23% 157
Santiago del Estero 1.064 101 −3,2% +69% 872
Neuquén 652 93 +11,9% +32% 192
Total país 129.377 279 +7,0% +65% 12.885

Personas privadas de la libertad y tasa cada 100.000 habitantes según última provincia de residencia (SNEEP, base de microdatos, con las correcciones de la ficha técnica); 663 personas sin dato de residencia alojadas en unidades federales no están asignadas. La última columna corresponde al relevamiento de personas detenidas en comisarías de 2024, el último publicado; Chubut y La Pampa incluyen a esas personas en el censo penitenciario. *Ciudad de Buenos Aires: la serie por residencia depende del registro del Servicio Penitenciario Federal, que no es consistente entre años; su variación debe tomarse con reserva. Fuente: elaboración propia sobre SNEEP e INDEC.

En el último año, 19 de las 24 jurisdicciones aumentaron su tasa. Los mayores aumentos corresponden a Tucumán (38%) y San Luis (30%). En ambos casos la explicación es institucional: Tucumán puso en funcionamiento en 2025 el Complejo Penitenciario Benjamín Paz y la unidad de Delfín Gallo, que agregaron unas 720 plazas y recibieron a cientos de personas que estaban alojadas en comisarías; el complejo de Benjamín Paz pasó de 164 a 877 internos censados. Una parte del aumento de Tucumán en el SNEEP corresponde a personas que ya estaban privadas de la libertad y que antes no eran contadas por el censo penitenciario. Santa Fe (16%) y Córdoba (13%) continúan el crecimiento sostenido que registran desde 2017; en Santa Fe se incorporó además en 2025 una nueva unidad federal en Coronda, con 323 personas. Disminuyeron sus tasas Salta, Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego, y también la Ciudad de Buenos Aires, aunque en este caso el dato es poco confiable por las razones que se explican en la ficha técnica.

Trayectorias de la tasa de personas privadas de la libertad en las 24 jurisdicciones argentinas, 2010-2025, comparadas con el total nacional

En la década 2015-2025, 23 de las 24 jurisdicciones aumentaron su tasa; la única excepción es Chaco, que mantuvo el mismo nivel. Santa Fe la multiplicó por 3,5 (de 95 a 330), Córdoba por 2,2 (de 181 a 401), Tucumán por 1,9 y Mendoza y Entre Ríos por 1,8. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe explican el 73% del aumento de personas privadas de la libertad en la década, una participación acorde con su población en el caso de Buenos Aires y muy superior a ella en los otros dos casos. El gráfico de las veinticuatro trayectorias muestra también las jurisdicciones que crecieron poco o nada en el período (Misiones, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y Chaco) y las que permanecen en los niveles más bajos pese a haber aumentado (Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán).

Mujeres privadas de la libertad

Al cierre de 2025 había 6.200 mujeres privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios, 987 más que en 2024. Es el mayor aumento absoluto de la serie y, con 18,9%, el segundo en términos relativos después del de 2018. La participación de las mujeres en el total, que había descendido de 5,5% en 2006 a 3,8% en 2020, subió a 4,8%, el valor más alto desde 2009. A ellas se suman 224 personas trans y no binarias (175 mujeres trans o travestis, 43 varones trans y 6 personas no binarias).

Cantidad de mujeres privadas de la libertad en Argentina, 2002-2025

El aumento se concentra en tres sistemas provinciales: Buenos Aires sumó 317 mujeres, Córdoba 258 y Santa Fe 195; las unidades federales sumaron 124. La tasa es de 26 mujeres privadas de la libertad cada 100.000 mujeres, frente a 539 varones cada 100.000 varones. Las estimaciones globales de UNODC son de 19 y 269 respectivamente, de modo que la distancia de Argentina respecto del promedio mundial es menor entre las mujeres (1,4 veces) que entre los varones (2 veces). El perfil delictivo difiere del de los varones: considerando cualquiera de los delitos registrados, el 38% de las mujeres tiene al menos una causa por estupefacientes, frente al 12% de los varones, y el 27% una causa por robo, frente al 33%. En 2025, 78 mujeres convivían con sus hijos en el establecimiento.

La composición del aumento de 2025 merece atención. De las 987 mujeres adicionales, 441 están privadas de la libertad principalmente por robo y 370 por estupefacientes. La proporción de mujeres con causas por robo subió de 23% a 27%, mientras que la de causas por drogas se mantuvo en 37%. Casi la mitad del aumento (493 personas) corresponde a mujeres procesadas; en Córdoba, la provincia con el segundo mayor aumento, las mujeres sin condena pasaron de 373 a 554. Las mujeres detenidas durante 2025 y presentes en el censo (2.462) superan en 30% a las del año anterior, un ritmo de ingreso muy superior al de los varones. El aumento no se explica solo por la acumulación de condenas: ingresan más mujeres al sistema, por robo y por drogas, y una proporción creciente lo hace en prisión preventiva.

Características de la población privada de la libertad

La población penitenciaria tiene cada vez más edad. La mediana era de 28 años en 2002, de 31 en 2015 y de 34 en 2025. Las personas menores de 25 años, que representaban un tercio del total al comienzo de la serie, son hoy el 12,9%; las de 45 años o más pasaron de 11% a 22%, y las de 60 o más, que en 2002 eran 1,7%, son 4,7%, unas 6.000 personas. Este cambio acompaña el crecimiento de las condenas largas y de los delitos sexuales, cuyos autores tienen en promedio más edad, y la caída de la participación de los jóvenes en los delitos contra la propiedad.

El 95,6% de las personas privadas de la libertad es de nacionalidad argentina. La participación de los extranjeros disminuye: era de 5,9% en 2018 y de 5,7% en 2019, y es de 4,4% en 2025, el valor más bajo de la serie. En términos absolutos, los extranjeros privados de la libertad son apenas más que en 2018 (5.731 frente a 5.579), mientras que la población total aumentó 36%. Las nacionalidades más frecuentes son la paraguaya (2.139 personas), la boliviana (1.015) y la peruana (986). El perfil educativo y laboral no presenta cambios: el 59% no superó la escuela primaria (8% sin instrucción, 23% con primaria incompleta y 28% con primaria completa), el 27% tiene secundaria incompleta y el 14% completó la secundaria o alcanzó un nivel superior. Al momento de la detención, el 36% estaba desocupado, el 39% trabajaba a tiempo parcial y el 24% a tiempo completo; el 46% declaró no tener oficio ni profesión. El 83% es soltero.

La antigüedad de la detención aumenta de manera gradual. La mediana del tiempo transcurrido desde la detención es de 2,2 años para el conjunto de la población privada de la libertad; el 20,8% lleva más de cinco años detenido y el 5,2% más de diez. En 2013 esas proporciones eran de 18,2% y 4,4%. Unas 6.700 personas llevan más de una década de privación de la libertad continua, un grupo que crece con las condenas largas, las prisiones perpetuas y el aumento de la edad.

Delitos

El SNEEP registra hasta cinco delitos por persona, seleccionados entre los de mayor gravedad, sin que la documentación establezca un orden entre ellos. Este artículo cuenta a cada persona en todas las categorías de delito que tiene registradas, de modo que los porcentajes suman más de 100; también se informan las proporciones según el primer delito registrado, que es el criterio de los informes oficiales. En 2025 las 129.377 personas privadas de la libertad acumulaban 172.708 delitos registrados, 1,33 por persona, y el 24% tenía dos o más. Esa proporción era de 15% en 2006 y de 19% en 2019: una parte creciente de la población está privada de la libertad por más de una imputación o condena.

Con este criterio, 42.803 personas (33,1%) tenían al menos una causa por robo o tentativa de robo; 27.609 (21,3%) por delitos contra la integridad sexual; 21.280 (16,4%) por homicidio doloso, culposo o en grado de tentativa (17.765 por homicidio doloso consumado); 16.845 (13,0%) por infracciones a la ley de estupefacientes; 9.151 (7,1%) por amenazas; 7.433 (5,7%) por lesiones dolosas; 7.135 (5,5%) por delitos contra la seguridad pública, que corresponden casi siempre a tenencia o portación de armas; y 6.356 (4,9%) por hurto. Según el primer delito registrado, las proporciones son menores (28,6% robo, 20,0% delitos sexuales, 12,9% homicidio doloso, 12,3% estupefacientes) y el orden es el mismo.

Porcentaje de personas privadas de la libertad con al menos un delito de cada tipo, Argentina 2006-2025

La tendencia de largo plazo es la misma con ambos criterios. El robo, presente en el 44% de las personas privadas de la libertad en 2006, está presente en el 33% en 2025, aunque en cantidad de personas sigue en aumento. Los delitos sexuales pasaron de 4.746 personas (9,4%) en 2006 a 27.609 (21,3%) en 2025: se multiplicaron por 5,8 en un período en que la población penitenciaria total se multiplicó por 2,6, y son desde 2021 la segunda categoría del sistema. Los delitos de drogas alcanzaron su máxima participación en 2018 (15,1%) y se estabilizaron en torno al 13%; en 2025 sumaron 1.856 personas, el mayor aumento anual desde 2018. Los homicidios se mantienen entre 16% y 19% desde 2006. Se presentan agregados porque en 2025 la provincia de Buenos Aires y Salta reclasificaron como homicidios dolosos más de 1.700 casos que en 2024 figuraban como culposos, lo que impide comparar cada categoría por separado entre ambos años.

Dos categorías de menor peso crecen con rapidez. Las amenazas pasaron de menos del 1% de las personas privadas de la libertad en 2006 a 7,1% en 2025 (9.151 personas), con un aumento marcado desde 2020. Es un delito que rara vez motiva por sí solo una privación de la libertad prolongada, pero que acompaña cada vez con más frecuencia a otras imputaciones. Las personas con al menos una causa por tenencia o portación de armas aumentaron 31% en un año (de 5.449 a 7.135), el mayor aumento relativo de todas las categorías: dos tercios de esas causas figuran como segundo o tercer delito, junto a robos y homicidios, y el aumento se concentra en Buenos Aires (1.331 más) y Córdoba (317 más).

Entre las personas condenadas, que explican el crecimiento del año, la distribución es similar. Según el primer delito registrado, de los 8.681 condenados adicionales, 2.258 lo están por delitos sexuales, 2.211 por homicidio doloso, 2.064 por robo y 996 por estupefacientes. Los delitos sexuales y los homicidios, que tienen las condenas más largas, aportan más de la mitad del aumento de condenados y representan un tercio de la población. La edad confirma la diferencia entre grupos: la mediana de edad de las personas privadas de la libertad por delitos sexuales es de 43 años y el 45% tiene 45 o más, frente a una mediana de 30 años entre las detenidas por robo, de las cuales solo el 9% supera los 45.

Duración de las condenas y antecedentes

Entre las 76.302 personas condenadas con dato de duración de la pena, el 18,4% cumple condenas de hasta tres años, el 54,1% condenas de más de tres y hasta nueve años y el 27,6% condenas de más de nueve años. Hay 3.509 personas con prisión perpetua, 111 más que en 2024 y 1.128 más que en 2020. La participación de las condenas de hasta tres años, que era de 6,4% en 2002 y de 8,8% en 2013, se triplicó en poco más de una década. El aumento de la población penitenciaria se explica, en parte, por penas más largas y, en parte, por el cumplimiento efectivo en prisión de penas cortas que antes se cumplían en menor medida de ese modo.

La distribución de las condenas cortas entre jurisdicciones es muy desigual. En San Juan el 31% de los condenados cumple penas de hasta tres años; en Mendoza y La Pampa el 26%, en Jujuy el 24%, en Chubut el 23%, en el sistema federal el 22% y en Córdoba el 21%. En Santiago del Estero (4%), Santa Cruz (4%), Chaco (6%), Misiones (6%), Formosa (7%), Corrientes (7%) y Tucumán (7%) casi no hay condenados con penas cortas en los establecimientos penitenciarios. Este segundo grupo coincide casi exactamente con las provincias que más personas mantienen en comisarías. Es probable que en ellas las condenas cortas se cumplan, total o parcialmente, en dependencias policiales, fuera del censo penitenciario. Las tasas bajas de esas provincias reflejan, en buena medida, la capacidad de sus establecimientos penitenciarios y no solo la intensidad de su política penal.

El 68,6% de los condenados con dato es primario, es decir, no registra condenas anteriores; el 20,5% es reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal y el 10,8% es reiterante. La proporción de personas con antecedentes (31,4%) es 3,5 puntos superior a la de 2024 (27,8%) y la más alta de los últimos trece años. El aumento no es general: se concentra en Santa Fe (de 20% a 35%), San Juan (de 38% a 58%), Catamarca y Chaco, mientras que en Buenos Aires, el sistema federal, Mendoza y Tucumán la proporción no varió. Cambios de quince o veinte puntos en un año dentro de una misma jurisdicción son más compatibles con una modificación en la forma de registrar la variable que con un cambio en la población, por lo que este dato se informa con reserva. El SNEEP no permite conocer cuántas de las personas que recuperan la libertad vuelven a ser detenidas: Argentina no cuenta con un sistema de seguimiento posterior al egreso que mida la reincidencia en el sentido en que se la utiliza en el debate público.

Condiciones de detención

El SNEEP registra, para cada persona, su participación en actividades educativas, laborales y deportivas, la recepción de visitas y los hechos de violencia sufridos o protagonizados en el último año. Son datos declarados por los establecimientos, con niveles de completitud desiguales. En 2025 la provincia de Buenos Aires dejó sin dato entre 6.000 y 7.500 registros en varias de estas variables; los porcentajes se calculan sobre los casos válidos y deben tomarse como aproximaciones.

En 2025 el 43% de las personas privadas de la libertad participaba de algún programa educativo (32% en educación formal y 11% en cursos), frente al 46% de 2024; el 30% tenía trabajo remunerado y el 21% participaba de algún programa de capacitación laboral; el 65% practicaba deportes; y el 84,5% había recibido visitas durante el año. El 5,2% (6.428 personas) fue lesionado en el último año, en su mayoría en hechos con otros internos, y en 348 casos por agentes del establecimiento. Se registraron 262 intentos de suicidio, 114 más que en 2024. El 9,7% participó en alguna alteración del orden, y 3.396 personas en alteraciones con heridos o muertos.

La diferencia entre el sistema federal y los provinciales sigue siendo la más marcada. El Servicio Penitenciario Federal alojaba 12.132 personas al cierre de 2025 (404 más que en 2024) y los sistemas provinciales 117.245. En las unidades federales el 89,5% de los internos participa de actividades educativas, frente al 38% en las provinciales, y el 96% practica deportes, frente al 62%. En 2025 se produjo un cambio importante en el indicador que más diferenciaba al sistema federal: la proporción de internos con trabajo remunerado pasó de 60,7% a 37,8%, de 7.108 a 4.580 personas. Es la mayor disminución de ese indicador en la serie (la anterior, de 71% a 57% entre 2017 y 2018, fue de catorce puntos) y coincide con dos decisiones del Ministerio de Seguridad Nacional: la Resolución 1346/2024, de diciembre de 2024, que estableció la obligatoriedad de tareas de mantenimiento, limpieza e higiene no remuneradas para todos los internos federales, y la Resolución 429/2025, de abril de 2025, que limitó al 5% de la población alojada la asignación remunerada de labores generales del establecimiento como única ocupación. La disminución se verifica en todas las unidades federales y es más pronunciada en las colonias penales, donde el trabajo remunerado alcanzaba a casi todos los internos y en 2025 quedó por debajo de la mitad. En los sistemas provinciales la proporción con trabajo remunerado se mantuvo en torno al 29%. En el sistema federal también disminuyeron levemente la participación en actividades educativas (de 90,7% a 89,5%) y la recepción de visitas (de 75% a 70%).

En cuanto al régimen de ejecución, en 2025 había 4.418 condenados con salidas transitorias (5,6% de los condenados con dato, una proporción similar a la de 2024) y 1.445 en período de libertad condicional, menos que los 1.489 de 2019, aunque los condenados aumentaron 45% en el período. Las salidas transitorias revocadas durante el año pasaron de 95 a 517; 409 de ellas corresponden a Córdoba. Los datos no permiten establecer las razones de esa revisión, que coincide con el crecimiento acelerado de la población penitenciaria de esa provincia.

Indicadores de condiciones de detención por sistema, 2025

Indicador Sistema federal Sistemas provinciales Total 2025 Total 2024
Personas privadas de la libertad 12.132 117.245 129.377 120.700
Participa de programas educativos 89,5% 38,4% 43,3% 45,7%
Tiene trabajo remunerado 37,8% 29,0% 29,9% 29,4%
Participa de programas de capacitación laboral 13,2% 21,5% 20,7% 23,1%
Practica deportes 95,7% 61,8% 65,0% 69,7%
Recibió visitas en el último año 69,7% 86,0% 84,5% 85,9%
Fue lesionado en el último año 8,6% 4,9% 5,2% 5,8%
Participó en alteraciones del orden 6,5% 10,1% 9,7% 9,4%

Porcentajes sobre casos con dato. Sistema federal: Servicio Penitenciario Federal (incluye personas a disposición de la justicia nacional y federal). Fuente: elaboración propia sobre SNEEP.

Dos indicadores que publica el informe nacional no pueden actualizarse con la base de microdatos: la sobrepoblación, que el SNEEP calcula a partir de la capacidad declarada por cada establecimiento (22,9% en 2024), y el total de personas detenidas en comisarías. Sobre este último hay información parcial. El Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe informó 1.108 personas en dependencias policiales al 31 de diciembre de 2025; la Procuración Penitenciaria de la Nación contabilizó cerca de 2.400 en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires a fines de septiembre de 2025; y el Monitor Federal de Presos en Comisarías del INECIP registraba más de 2.300 personas en las provincias que releva. Estas cifras indican que la detención en comisarías se mantiene en magnitudes similares a las de 2024, pero no permiten estimar un total nacional. Tampoco existe una cifra nacional de muertes bajo custodia: la Procuraduría de Violencia Institucional informó 40 fallecimientos en el sistema federal durante 2024 y publica datos trimestrales, pero los sistemas provinciales, que alojan al 91% de las personas privadas de la libertad, no publican un registro consolidado.

Análisis y preguntas abiertas

Argentina llega al cierre de 2025 con la mayor población penitenciaria de su historia y con la tasa de homicidios más baja de su serie. El crecimiento de la población privada de la libertad no responde a la violencia letal, cuya participación en el total es estable, sino al aumento de las personas privadas de la libertad por delitos sexuales y por delitos de drogas y, en el último año, a la velocidad con que las personas procesadas pasan a estar condenadas. El sistema penal dicta más condenas que antes y en menos tiempo, y en 2025 lo hizo sin aumentar la cantidad de personas privadas de la libertad sin condena. Es un cambio relevante en una serie que durante veinte años creció principalmente por la prisión preventiva.

El aumento de las mujeres privadas de la libertad requiere un análisis específico. Casi mil mujeres más en un año, concentradas en tres provincias y con el robo y la ley de estupefacientes como principales motivos, es un dato sin antecedentes en la serie. La literatura comparada muestra que en buena parte de América Latina la privación de la libertad de mujeres por delitos de drogas crece más rápido que la de varones y afecta sobre todo a quienes ocupan los eslabones más bajos de las cadenas de comercialización. Que casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no tenga condena, cuando entre los varones esa proporción es inferior al 36%, señala una desigualdad procesal que los datos del SNEEP permiten documentar pero no explicar.

La disminución del trabajo remunerado en el sistema federal, de 61% a 38% de los internos en un año, es el cambio más pronunciado que registra un indicador de tratamiento en toda la serie, y se produce en el sistema que históricamente presentaba los mejores valores. Los datos no permiten evaluar sus consecuencias, pero establecen un punto de partida para medirlas. El trabajo durante la detención es uno de los pocos factores con evidencia consistente de asociación con menores tasas de reincidencia, y su retroceso en el ámbito federal contrasta con la estabilidad de los sistemas provinciales.

La velocidad con que se dictan las condenas atraviesa todas las observaciones anteriores. El sistema penal argentino condena hoy en la mitad del tiempo que hace doce años. Esa aceleración reduce la prisión preventiva, lo que es deseable desde el punto de vista de las garantías, pero genera un flujo de personas condenadas para el que los establecimientos penitenciarios no estaban dimensionados. La prisión preventiva disminuye y la población penitenciaria aumenta más rápido que nunca; ambos hechos derivan del mismo proceso.

Hipótesis sobre los cambios de 2025

Los datos del SNEEP describen la situación, pero no explican sus causas. Permiten, sin embargo, descartar algunas explicaciones y formular otras que la evidencia disponible vuelve plausibles y que análisis posteriores deberían verificar.

Aumento concentrado en personas condenadas. Tres mecanismos son compatibles con los datos y probablemente operan en forma simultánea, con distinto peso. El primero, y el que los datos sustentan con mayor claridad, es procesal: la generalización de los procedimientos de flagrancia y del juicio abreviado redujo la mediana del tiempo entre detención y condena de 405 a 239 días entre 2013 y 2025, y la cantidad de condenas dictadas en el año aumentó 16% en 2025 y 87% desde 2019. El segundo es de composición: el ingreso anual de personas condenadas por delitos sexuales se multiplicó por 2,4 desde 2019 (de 918 a 2.224) y el de condenadas por homicidio doloso casi se duplicó (de 516 a 986); son los delitos con las penas más largas, y una población que se renueva lentamente crece aunque el resto de los ingresos se estabilice. El tercero es de ejecución: la ley 27.375, de 2017, excluyó de las salidas transitorias, la semilibertad y la libertad condicional a los condenados por una lista amplia de delitos (homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual y las figuras de los artículos 5, 6 y 7 de la ley de drogas, entre otros), en el ámbito federal y en las provincias que aplican la ley nacional de ejecución. Su efecto es acumulativo y debería reflejarse en una permanencia más prolongada de esos grupos. Los datos son parcialmente consistentes con esta hipótesis: entre los condenados por homicidio, la proporción con más de cinco años de detención pasó de 53% en 2019 a 61% en 2025, y entre los condenados por delitos sexuales de 39% a 42%; las salidas transitorias de ambos grupos se redujeron a 7% y 4%. La libertad condicional, en cambio, muestra variaciones pequeñas y de signo opuesto en esos grupos, por lo que este mecanismo parece secundario frente a los dos anteriores. Los datos no sustentan la idea de que el aumento de 2025 se deba a un mayor uso de la prisión preventiva: ocurrió lo contrario.

Aumento de mujeres privadas de la libertad. El aumento está demasiado concentrado en el tiempo (un año) y en el espacio (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) para responder a un cambio gradual en la participación femenina en el delito. Su composición por provincia indica dos procesos distintos. En Córdoba y Santa Fe el aumento corresponde principalmente a mujeres privadas de la libertad por drogas (159 y 124 más, respectivamente). Ambas provincias asumieron la persecución del narcomenudeo mediante la adhesión a la ley 26.052, Córdoba desde fines de 2012 y Santa Fe desde 2024, y en las causas por comercialización en pequeña escala las mujeres ocupan con frecuencia los eslabones más expuestos. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, las mujeres privadas de la libertad por drogas casi no aumentaron (4 más) y el aumento corresponde a mujeres detenidas por robo (262 más), en su mayoría sin condena. Los datos del SNEEP no permiten determinar si se trata de un cambio en la participación de mujeres en robos o en la forma en que se imputa esa participación; es una pregunta abierta. En las tres provincias el aumento se acompaña de un mayor uso de la prisión preventiva: casi la mitad de las mujeres adicionales son procesadas, y en Córdoba las mujeres sin condena pasaron de 373 a 554. El ingreso de 2.462 mujeres durante el año, 30% más que en 2024, indica que el fenómeno se origina en el ingreso al sistema y no en la permanencia.

Córdoba. La provincia combina desde hace una década la tasa más alta de personas privadas de la libertad del país con una de las tasas de homicidio más bajas y la segunda tasa de robo registrado más alta, después de la Ciudad de Buenos Aires. La composición por delito de su población privada de la libertad es similar a la del resto del país (30% con alguna causa por robo frente a 34%; 14% por drogas frente a 13%), y el tiempo entre detención y condena no es menor que el promedio nacional. La diferencia de Córdoba está en la cantidad de personas privadas de la libertad por cada tipo de delito, no en la composición. Las hipótesis disponibles señalan una combinación de factores institucionales: el procedimiento de flagrancia vigente desde 2017, la competencia provincial en delitos de drogas desde 2012, un uso algo mayor de penas cortas de cumplimiento efectivo (21% de los condenados, frente a 18% en el resto del país) y una ampliación sostenida de plazas que permitió absorber el crecimiento sin trasladar personas a comisarías, donde Córdoba casi no tiene detenidos. Los datos del SNEEP no permiten establecer el peso de cada factor. La revocación de 409 salidas transitorias en 2025 y el aumento de 258 mujeres privadas de la libertad indican además un endurecimiento reciente en la ejecución de la pena, cuyo alcance deberá seguirse.

Armas y amenazas. El aumento de las causas por tenencia o portación de armas como delito acompañante se concentra en Buenos Aires y se asocia principalmente a robos (2.754 de las menciones secundarias de 2025) y homicidios (528). Una explicación basada en el registro (que los servicios penitenciarios hayan comenzado a cargar más delitos secundarios) no encuentra apoyo en los datos: la proporción de personas privadas de la libertad en Buenos Aires con dos o más delitos registrados no aumentó entre 2024 y 2025. La hipótesis más plausible es una imputación más sistemática de la figura de armas junto al robo y al homicidio, que agrava la calificación legal y restringe la excarcelación. El aumento de las amenazas desde 2020 presenta un patrón compatible con la expansión de las causas por violencia en el ámbito familiar o de pareja: el 97% de las personas con una causa por amenazas son varones, y en cuatro de cada diez casos la amenaza acompaña a lesiones, abuso sexual, privación de la libertad u homicidio. El SNEEP no registra el vínculo con la víctima, por lo que esta hipótesis no puede verificarse con esta fuente.

Sistema federal. La disminución del trabajo remunerado coincide con las dos resoluciones ministeriales de diciembre de 2024 y abril de 2025, no tiene correlato en los sistemas provinciales y se verifica en todas las unidades federales, con mayor intensidad donde el trabajo remunerado era casi universal: las colonias penales de Santa Rosa y General Roca y el complejo de Senillosa pasaron de 97-100% a 36-46%. Este patrón uniforme es más compatible con un cambio de política que con un cambio de registro. La disminución simultánea de las visitas en el sistema federal, de 75% a 70%, no se explica por la apertura de la unidad de Coronda (sin ella la disminución es la misma), sino por retrocesos en unidades específicas, en particular Marcos Paz, Luján de Cuyo y Rawson. Los datos no permiten establecer si responden a restricciones del régimen, a traslados o a cambios en el registro.

Calidad de la información. Las correcciones que fue necesario aplicar a la base 2025 (residencias codificadas a una provincia equivocada en establecimientos completos, reclasificaciones de homicidios sin documentar, 2.300 personas con edad cero, miles de registros sin dato en los indicadores de condiciones de detención, jurisdicciones mal asignadas) no invalidan el censo, que sigue siendo la fuente más completa y continua sobre la privación de la libertad en el país. Indican, sin embargo, que su calidad depende de la carga de cada establecimiento y que el control de consistencia previo a la publicación puede mejorarse. A ello se agregan vacíos ya señalados: no hay una cifra nacional de muertes bajo custodia, no hay datos sobre personal penitenciario, no hay seguimiento posterior al egreso, y la capacidad que define la sobrepoblación es declarada por cada establecimiento. Con 129.377 personas privadas de la libertad y un aumento de 8.700 por año, conocer con precisión quiénes son, dónde están y en qué condiciones es una necesidad de la política pública.

Fuentes

Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), base de microdatos unificada 2002-2025 (datos.jus.gob.ar, publicada el 17 de noviembre de 2026) y documentación de metadatos; Informe Nacional SNEEP 2024, incluido el Relevamiento sobre personas detenidas en comisarías 2024 y la serie histórica 1972-2024. UNODC, Prison Matters 2025 (Viena, julio de 2025). ICPR, World Prison Brief, según la compilación del informe SNEEP 2024. INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022; Estimaciones y proyecciones de población por sexo y grupos de edad. Jurisdicciones. Años 2022-2040 (Análisis Demográfico N° 40, octubre de 2025); proyecciones provinciales 2010-2040 (Análisis Demográfico N° 36). Ley 27.375 (B.O. 28/07/2017). Ley 26.052 y leyes provinciales de adhesión 10.067 (Córdoba) y 14.239 (Santa Fe). Ministerio de Seguridad Nacional, Resoluciones 1346/2024 y 429/2025. Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), informes sobre población del Servicio Penitenciario Federal. Procuración Penitenciaria de la Nación, Boletín Estadístico N° 36 (tercer trimestre de 2025). Observatorio de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe, Personas privadas de la libertad. Período 2008-2025. INECIP, Monitor Federal de Presos en Comisarías (reportes de septiembre y diciembre de 2025).

Ficha técnica

Datos. Se procesó la base unificada 2002-2025 del SNEEP (1.798.552 registros, 90 variables) con las descripciones de categorías tal como figuran en la base y las definiciones de su documentación de metadatos (datos-justicia-argentina, GitHub). Según esa documentación, la base no incluye a las personas bajo monitoreo electrónico de la provincia de Buenos Aires, que el servicio penitenciario provincial informa por separado. El total de 2025 (129.377 personas) surge del conteo de registros del censo. Desde 2016 los totales anuales de la base coinciden con los publicados en los informes nacionales; entre 2002 y 2015 difieren por faltantes de algunas unidades, en particular de la provincia de Buenos Aires en 2003 y 2005. Por eso la serie nacional de población y tasa se construye con los totales publicados por el SNEEP (y, para 1996-2001, con su serie histórica), mientras que la composición por situación legal, sexo, edad y delito, y los indicadores de condiciones de detención, se calculan sobre los microdatos. Los gráficos de composición comienzan en 2006 para evitar los faltantes de 2003-2005.

Base poblacional. Las tasas de 2022 a 2025 utilizan las proyecciones del Censo 2022 publicadas por el INDEC en octubre de 2025 (población total al 1 de julio de 2025: 46.387.098; varones 22.810.428; mujeres 23.576.670); las de 2010 a 2021, las proyecciones del Censo 2010; las anteriores, las tasas publicadas por el SNEEP. Las tasas oficiales del SNEEP para 2022-2024 fueron calculadas con las proyecciones del Censo 2010 y son por eso algo menores (256 en 2024, frente a 261 con la proyección del Censo 2022). Las tasas por sexo son aproximadas: excluyen a las personas trans y no binarias y utilizan la población proyectada por sexo como denominador.

Tasas provinciales. Cada persona se asigna a su última provincia de residencia. Cuando el dato falta y la persona está alojada en un establecimiento provincial, se la asigna a la provincia del establecimiento (734 casos en 2025; 2.749 en 2015, año en que Mendoza no informó la residencia de casi dos tercios de sus internos). Cuando falta y la persona está en una unidad federal, no se asigna (663 casos en 2025). Además se corrigieron codificaciones inverosímiles de la residencia. En los establecimientos provinciales donde veinte o más internos figuran como residentes de Catamarca sin estar ubicados en esa provincia, se los asigna a la provincia del establecimiento; esta regla afecta sobre todo a la Unidad 5 de Mercedes en 2025 (1.025 casos), a la Unidad 1 de Olmos y la Unidad 54 de Florencio Varela en 2023 (3.064) y a la Unidad 35 de Magdalena en 2010 (809). En las unidades federales con el mismo patrón (U.36 de Coronda, 211 casos en 2025) y en los 229 registros del Complejo Penitenciario Federal IV codificados como residentes de Tucumán, el dato se trata como faltante. Sin estas correcciones, Catamarca figuraría en 2025 con 1.819 personas privadas de la libertad y la tasa más alta del país. La comparación decenal se realiza entre 2015 y 2025 con la misma regla en ambos años. La serie de la Ciudad de Buenos Aires por residencia depende casi por completo de cómo registra ese dato el Servicio Penitenciario Federal, y ese registro varía entre años sin relación con cambios reales (el Complejo Penitenciario Federal I codificó a la totalidad de sus 1.936 internos como residentes de la Ciudad en 2024 y a dos tercios en 2025); por eso su variación anual y decenal se informa con reserva. Las poblaciones provinciales de 2015 provienen de las proyecciones del Censo 2010 y las de 2025 de las del Censo 2022.

Otros problemas de la base 2025. En el Complejo Carcelario N° 1 de Córdoba, 775 registros figuran bajo la jurisdicción "Provincial - Catamarca"; este artículo utiliza la provincia del establecimiento y la variable de repartición (federal o provincial), que no están afectadas. La provincia de Buenos Aires pasó de 1.872 a 371 homicidios culposos y Salta de 295 a 39, con aumentos equivalentes en homicidios dolosos; por eso la variación anual de homicidios se presenta agregando dolosos, culposos y tentativas (de 19.344 a 19.836 personas, 2,5% más). El delito principal no fue informado para 1.076 personas (415 en Tucumán y 371 en Santa Fe). La provincia de Buenos Aires registra 2.301 personas con edad cero (84 en 2024); todos los indicadores de edad se calculan sobre las personas con edades entre 14 y 100 años. Los cambios abruptos en la proporción de condenados con antecedentes en Santa Fe, San Juan, Catamarca y Chaco, y las disminuciones en La Pampa y Tierra del Fuego, se tratan como probables cambios de registro. Las personas en "otra situación" legal (1.076, de las cuales 1.037 en Buenos Aires) y los inimputables (337) se incluyen en los totales; la proporción de procesados se calcula sobre el total de personas privadas de la libertad.

Personas detenidas en comisarías. El SNEEP las releva por separado y las contabiliza por lugar de detención. El último relevamiento publicado es el de 2024 (12.885 personas), que se reproduce en el cuadro provincial como referencia. Chubut y La Pampa incluyen a esas personas en el censo penitenciario; Tierra del Fuego no tiene personas detenidas en comisarías. Al momento de publicar este artículo no estaba disponible el relevamiento 2025.

Delitos. El SNEEP registra hasta cinco delitos por persona, que según su documentación de metadatos se seleccionan entre los de mayor gravedad, sin que se establezca un orden entre ellos. En la base 2025, los homicidios dolosos figuran como primer delito en el 93% de los casos en que aparecen, los delitos de drogas en el 89%, los robos en el 85%, los delitos sexuales en el 83% y los delitos contra la seguridad pública en el 35%, lo que indica un ordenamiento aproximado por gravedad, pero no estricto. Por eso las cifras principales de este artículo cuentan a cada persona en todas las categorías que tiene registradas (criterio "al menos un delito del tipo"), y se informan además las del primer delito, que es el criterio de los informes oficiales. Los delitos sexuales suman las categorías "violaciones/abuso sexual" y "otros delitos contra la integridad sexual"; los de drogas, "infracción ley 23.737" y "contrabando de estupefacientes"; los homicidios, "dolosos", "dolosos (tentativa)" y "culposos". La categoría "delitos contra la seguridad pública" agrupa principalmente la tenencia y portación de armas.

Prisión preventiva y tiempo hasta la condena. La categoría "procesado" del SNEEP se asimila a la definición de UNODC de personas detenidas sin sentencia. El tiempo de detención de los procesados se calcula entre la fecha de detención registrada y el 31 de diciembre del año del censo, para las personas con fecha válida (94% de los procesados en 2025, 96% en 2024). El tiempo entre detención y condena se calcula, para cada censo, sobre los condenados cuya fecha de condena corresponde al año del censo y cuyas dos fechas son válidas y consistentes (18.037 personas en 2025). Al medirse con la misma selección en todos los años, la serie es comparable, aunque excluye a quienes fueron condenados y liberados dentro del mismo año y por eso sobreestima levemente los plazos. San Juan registra la fecha de condena igual a la de detención en la mayoría de los casos, por lo que se excluye de la comparación por jurisdicción.

Condenas y antecedentes. La distribución por duración de la condena se calcula sobre los condenados con dato (76.302 en 2025; 5.273 figuran como "sin datos"). La proporción de personas con antecedentes se calcula sobre los condenados con dato (75.263), excluidos 6.312 registros sin información, concentrados en Buenos Aires y Corrientes. Según la documentación del SNEEP, "reincidente" corresponde a la declaración formal de reincidencia del artículo 50 del Código Penal y "reiterante" a la existencia de condenas múltiples sin esa declaración; la aplicación práctica de ambas categorías depende del registro de cada establecimiento.

Indicadores de condiciones de detención. Son declarados por los establecimientos. En 2025 la provincia de Buenos Aires no informó entre 5.800 y 7.500 registros en las variables de trabajo remunerado, lesiones, intentos de suicidio y alteraciones del orden, y Salta no informó 1.202 en trabajo remunerado. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato; los valores absolutos de lesiones e intentos de suicidio deben considerarse mínimos. La comparación entre el sistema federal y los provinciales no controla por la composición de la población de cada uno.

Comparación internacional. Las cifras mundiales y regionales provienen de Prison Matters 2025 y corresponden a 2023 o al último año disponible. Las tasas sudamericanas provienen del World Prison Brief según la compilación del informe SNEEP 2024, con fechas de referencia entre marzo de 2022 y abril de 2025; no fueron actualizadas para este artículo y pueden haber cambiado.